En Uruguay, someten proyecto para legalizar la marihuana y limitar la venta de alcohol

Mientras el presidente José Mujica ratificó que insistirá con su proyecto sobre la droga, su Gobierno enviará al Parlamento una iniciativa para frenar la comercialización de bebidas alcohólicas Mujica recorrerá el país para explicar el proyecto que promueve la legalización de la marihuana, según ratificó la última semana. Pero a la par, su gobierno avanza en un proyecto que se enviará próximamente al Parlamento, para poner un freno a la creciente venta de alcohol.

El secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND), Julio Calzada, afirmó que el proyecto está "muy avanzado", y que pronto será puesto a discusión por el Poder Legislativo.

"Es necesario establecer una fuerte presencia del Estado. Tenemos un puesto de venta de alcohol cada 100 habitantes. Cualquiera puede vender y no hay prácticamente restricciones. Negocios que se montaron para vender alfajores o caramelos expenden alcohol", señaló el funcionario.

Según Calzada, entre las posibles medidas que analizan figuran regular y reducir progresivamente la cantidad de puestos de venta y establecer patentes para los que despachen alcohol. También existe la posibilidad de extender el horario de inhabilitación para expender bebidas alcohólicas, que hoy rige entre las 0 y las 6, que también prohíbe la venta en locales no habilitados para ese tipo de consumo.

"Tenemos un serio problema en el país con las herramientas de fiscalización que hemos diseñado, que no han dado los resultados esperados, por desuso y porque no hemos diseñado los mecanismos de control adecuados", indicó el funcionario.

En Uruguay existen varias normas que regulan la venta y consumo de alcohol, pero están muy dispersas. Por ejemplo, la ley Nº 17.243 y el decreto 365/2000, las leyes 17.951 para la erradicación de la violencia en el deporte y la 16.585 para la prevención de accidentes de tránsito o incluso la norma de venta de alcohol a menores que aparece en el Código de la Niñez y Adolescencia.

Pero la dispersión de normas genera una seria dificultad en la fiscalización por parte del Estado. "Hay una gran cantidad de organismos que tienen potestad sobre esto y el control se hace casi imposible", sostuvo Calzada.

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