Un caso fabricado lo mandó a la prisión por once años

Luis Santaliz pasó 11 años en prisión, en la Tierra de los Muertos, que es como se conoce la sección de máxima seguridad de la cárcel de Ponce. Fue víctima de un caso fabricado; víctima de la corrupción en el propio sistema de justicia criminal, que no permitió que desfilara evidencia exculpatoria en su juicio.

Santaliz hizo esfuerzos extraordinarios para probar que un agente del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) le pidió dinero para “arreglarle el caso”, dinero que él nunca le dio.

La historia de Santaliz, a una semana del referéndum para limitar la fianza, es relevante porque los expertos que se oponen a que se ceda ese derecho advierten de que el Estado comete errores, y que los ciudadanos no están exentos de ser víctimas de fiscales, jueces y agentes inescrupulosos.

En 1998, Santaliz fue acusado de asesinato por la muerte de uno de los tres jóvenes que asaltaron el hogar de Edgardo Cabasas, en Cabo Rojo.

Cabasas mató al asaltante, y el testigo estrella del caso, Octavio Rodríguez Ramos, dijo que el cerebro de esa incursión había sido Santaliz, razón por la cual le achacan el asesinato de carácter estatutario.

La imputación, Octavio Rodríguez Ramos la hace, según relata el comerciante, el mismo día que da positivo a drogas y teme que le revoquen una probatoria por robo.

“Cuando nos llevan a la perrera en Ponce, el hermano de Octavio, que también había participado del asalto, ve mis papeles; los lee y se echa a llorar. Entonces le digo, qué te pasa y me dice: quien te está acusando a ti es el hermano mío”, recuerda Santaliz, quien sostiene que José Víctor también le pidió que no se preocupara, que él diría la verdad.

Libre mediante el recurso de hábeas corpus, Santaliz comienza a hacer gestiones para probar su inocencia. En el ínterin lo visita el agente del NIE Amílcar Guilloty, quien le pide que consiga un dinero “porque él tiene la conexión con la fiscalía para arreglar el caso”.

El comerciante le graba una de las llamadas y eleva su queja ante el director del NIE, pero ahí quieren acusarlo por grabar sin permiso. Un hermano suyo recurre al FBI y le dan permiso para grabar.

Finalmente, los fiscales Rafael Cordero y Roberto González preparan un informe sobre los hechos, en el que aparece que Octavio acepta que mintió.

“El fiscal Ramón Parga Cuevas se opuso a que ese informe lo presentaran en el juicio”, aseguró Santaliz, quien también acusa a Parga Cuevas de haberse opuesto a que se le hiciera una prueba de polígrafo al testigo estrella.

El fiscal Cordero pide testificar en el juicio, pero Santaliz dice que apenas lo dejaron hablar.

Un jurado finalmente lo halla culpable y el juez Edgar Delgado lo sentencia a 148 años de prisión.

En 2002, Parga Cuevas es suspendido de su cargo por la gobernadora Sila M. Calderón.

Eso sucede luego del escándalo del operativo denominado como Vergüenza azul, en el que le echaron mano a agentes de Ponce que intervenían para que los casos radicados en los tribunales se cayeran.

¿Cómo Santaliz logra salir de la cárcel? Dos “ángeles” lo ayudaron: la ex jueza del Tribunal de Apelaciones Maggie Oronoz, quien lo refirió al abogado Luis Abreu Elías, y el fenecido cardenal Luis Aponte Martínez, a quien la mamá de uno de sus hermanos de padre le pidió ayuda.

El cardenal se reunió con el entonces secretario de Justicia Antonio Sagardía, quien decide reinvestigar el caso junto con el jefe de los fiscales, Obdulio Meléndez, y el fiscal de distrito de Mayagüez Frank Nazario.

Se celebró un nuevo juicio, y Octavio admitió que él había mentido.

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